El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó este viernes a nueve represores, con penas de hasta 18 años de prisión, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar entre 1974 y 1979 en perjuicio de cinco víctimas que estuvieron secuestradas en la Brigada de Investigaciones de Resistencia y en la Alcaidía policial de esa ciudad, tras lo cual el abogado de la querella, Duilio Ramírez, destacó la «sensación de haber encontrado justicia» con ese fallo.
Los jueces Noemí Marta Berros, Liliana Graciela Carnero y Roberto López Arango Manader condenaron por unanimidad a nueve de los diez acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados y cuyas penas varían de acuerdo al grado de responsabilidad probada.
La causa es conocida como «Conscriptos» porque dos de las víctimas, Ramón Luque y Ricardo Uferer, cumplían el Servicio Militar Obligatorio cuando fueron secuestrados por efectivos del Ejército. Además, los magistrados se pronunciaron por los crímenes cometidos contra Santiago Almada, Saturnino Ferreira y Norma Beatriz Medawar.
En este caso, el cabo de la Policía chaqueña José Marín fue condenado a nueve años de prisión, mientras que el oficial del Ejército Ernesto Jorge Simoni y el guardia de la Alcaldía policial Miguel Ángel Vittorello deberán cumplir una pena de diez años.
Además, se sentenció al jefe de la Brigada de Investigaciones, José Francisco Rodríguez Valiente, y los oficiales del Ejército Ricardo Guillermo Reyes y Luis Alberto Patetta a 12 años de prisión.
El sargento policial Gabino Manader y el oficial del Ejército, Aldo Héctor Martínez Segón, fueron condenados a 14 años de prisión.
En tanto, el policía Carlos Domingo Mora fue sentenciado a la pena más alta, 18 años de prisión por los crímenes perpetuados contra Norma Medawar, Santiago Almada y Saturnino Ferreyra, mientras que el excomisario Juan de la Cruz López fue absuelto.
Momentos antes de conocer el veredicto, los acusados pudieron expresar sus palabras finales, algunos desde su casa, otros desde la Unidad Penitenciaria donde ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas y solo Simoni y Vittorello en forma presencial desde el juzgado. Manader, Marín, de la Cruz, Vitorrello y Reyes pidieron la palabra para volver a insistir en su inocencia.
Tras dar a conocer la sentencia, la jueza Berros fundamentó y se extendió durante una hora y media sobre cuáles fueron los criterios utilizados para alcanzar la decisión del Tribunal en este proceso oral y público iniciado el pasado 20 de abril en el que declararon 25 testigos.
«En esta causa los testigos son necesarios y fundamentales porque sin ellos es imposible reconstruir el contexto histórico», expresó la magistrada y señaló que «el testimonio es una prueba fácil de recibir, pero muy delicada de apreciar. Su análisis debe ser afrontado con consciencia de su complejidad, pero a sabiendas que es un recurso probatorio indispensable para poder reconstruir los hechos tal como ocurrieron».
La jueza subrayó que hay «una verdad objetiva y revisable» y es que durante la última dictadura militar «existió un plan sistemático y generalizado de exterminio de la población civil argentina».
«Afortunadamente, en esta causa no se juzga por los desaparecidos, sino cinco víctimas que sobrevivieron a todo el dolor inimaginable que tuvieron que vivir durante su tiempo de cautiverio», remarcó
Respecto de la absolución de De la Cruz López, la magistrada sostuvo que las pruebas fueron «absolutamente insuficientes» para adjudicar la coautoría en los hechos que se le imputan, aún reconociendo que «a muchos les disgustará» esta decisión.
«Yo no tengo dudas. Lo que tengo certeza es que no tengo pruebas para condenarlo y no hay doble estándar. Esto hace la legitimidad constitucional de estos juicios. Acá no venimos a condenar, sino a juzgar», explicó.
Y cerró su exposición ponderando el valor histórico de nominar las cosas por su nombre para «producir verdad» al hablar de «un genocidio» sobre lo que ocurrió en Argentina durante el terrorismo de Estado entre 1974 y 1983.
«Este ejercicio de administración de justicia penal respecto de todos estos crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura hubieran sido absolutamente e imposibles de realizar sin la reconstrucción colectiva de la memoria», dijo y afirmó que «los jueces nos limitamos a escuchar y analizar critica y racionalmente los testimonios y constar lo que se dice con el restante material probatorio y traducir en la sentencia solo la verdad comprobada».
Por su parte, el abogado de la querella de Chaco destacó en declaraciones a Télam que «tanto el público como las victimas salieron con la sensación de haber encontrado justicia y de comprender lo que sucedió y eso es realmente importante» y dijo que «experimentaron una sensación de satisfacción respecto del fallo y al finalizar hubo un aplauso casi unánime».
«Nosotros esperábamos diez condenas, obtuvimos nueve y se dictó una absolución; vamos a esperar la lectura para definir si vamos a apelar en ese caso», expresó Ramírez y contó que «entre los condenados, había dos que era la primera vez que enfrentaban un juicio de lesa humanidad y no tenían antecedentes. Uno de ellos, Mora, obtuvo una pena de 18 años, que es una gran cantidad».
Por otra parte, criticó la actitud de los acusados quienes «demostraron nuevamente una falta de arrepentimiento», porque volvieron a «desaprovechar la oportunidad de ayudar a encontrar los desaparecidos que aún quedan».
«Han pasado casi cinco décadas y hay que cerrar las heridas que siguen abiertas, ayudar a los familiares a enterrar a sus muertos. Es otra oportunidad perdida», lamentó el abogado.
Asimismo, destacó como «importante y novedoso» que se hayan leído los fundamentos del fallo en el mismo día, ya que permite «entender cuál fue el camino que siguió el tribunal para arribar a una sentencia» y dijo que espera que otros tribunales hagan lo mismo.
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