Cuando falta menos de un mes para que se cumplan seis años del violento ataque a la redacción de Tiempo Argentino y Radio América, la Justicia volvió a firmar un fallo de espaldas a las trabajadoras y los trabajadores, en este caso, del medio que recuperamos después del vaciamiento del Grupo 23 perpetrado por los empresarios Sergio Bartolomé Szpolski y Matías Garfunkel.
Esta vez, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió el sobreseimiento del comisario Jorge Azzolina, actor central en la maniobra del 4 de julio de 2016 en la que una patota ingresó y destrozó la redacción. Azzolina era el titular de la ex Comisaría 31ª de la Policía Federal, en la que cumplían tareas los policías que cooperaron con la patota la madrugada en la que intentaron impedir que el diario cooperativo siguiera en las calles y quisieron apropiarse de los equipos de transmisión de Radio América.
Además, fue el comisario Azzolina quien puso en contacto a Mariano Martínez Rojas con Juan Carlos Blander, presunto empresario de seguridad privada en espectáculos musicales, para que liderara a la patota, tal como dice el propio Blander en el expediente.
Con la ayuda del subcomisario Gastón Aparicio, presente en el lugar, Azzolina protegió la incursión violenta, tal como Tiempo denuncia desde el inicio de la causa, que lleva más de cinco años en trámite.
Desde el momento del ataque, Tiempo reclama que se determine cuál fue el rol de los efectivos, qué pasó durante esas horas y cuál fue su vínculo con la patota. Recién en 2021, cinco años después de uno de los ataques más graves a la libertad de expresión, la Justicia pidió medidas para investigar el rol de los uniformados que permitieron el ingreso y custodiaron la salida de Martínez Rojas del edificio.
Como en muchos otros casos, el paso del tiempo se convirtió en un factor clave para eliminar evidencias, datos y documentos que den cuenta del accionar policial. Lo documenta el propio juez Martínez de Giorgi en su fallo: “Los Libros de Registro de Personal y de Sumarios labrados en la ex Comisaría 31 de la Policía Federal Argentina fueron destruidos en virtud de haber trascurrido el plazo de conservación previsto en la normativa interna de dichas fuerza”.
Que la causa por el ataque a la redacción de Tiempo todavía continúe abierta, sin identificar a todos los responsables ni avanzar en siquiera una condena es una deuda de la Justicia. Otra muestra de cómo la familia judicial funciona al servicio de los sectores de poder.
Junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde la cooperativa repudiamos el fallo que desconoce el rol central que tuvo Azzolina esa madrugada y resuelve su sobreseimiento. También denunciamos la complicidad entre la Justicia y la Policía para mantener ocultos a los responsables por los delitos de “usurpación, daño, interrupción de un medio de comunicación”, como lo fue el episodio del 4 de julio de 2016.
Una vez más, llamamos a investigar, esclarecer y condenar a quienes estuvieron detrás del violento episodio. Una vez más, señalamos junto al SiPreBa y la CORREPI que el ataque es una continuidad del vaciamiento empresarial sufrido por las trabajadoras y los trabajadores, quienes también llevamos adelante un juicio de quiebra para cobrar las indemnizaciones adeudadas.
Reclamamos que termine la impunidad y la complicidad en uno de los ataques más graves al ejercicio periodístico desde el regreso de la democracia.
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