El peritaje sobre el material secuestrado en el marco de la causa en la que se investiga la utilización irregular de datos biométricos por parte de la Ciudad de Buenos Aires se inició este lunes por la tarde mientras que el Gobierno porteño recusó al juez a cargo del expediente, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 2 de CABA, Roberto Gallardo, informaron fuentes judiciales.
Pasadas las 16, el Centro de Análisis, Comando y Control (CAEC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) inició las tareas de apertura de la información secuestrada en los operativos ordenadas la semana pasada por el magistrado en el ministerio de Seguridad porteño y en el Centro de Monitoreo Urbano del barrio de Barracas.
Los peritajes, que se realizan en presencia de peritos propuestos por las partes, demandarán no menos de una semana de trabajo, informaron a Télam fuentes al tanto de la investigación.
Gallardo dispuso estas medidas en el mismo fallo en el que le ordenó «al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos» tras detectar presuntas irregularidades en la migración de datos biométricos desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) hacia áreas que dependen del ministerio de Seguridad porteño.
Según surge de la investigación llevada a cabo por el juez, el convenio celebrado entre el Renaper y la Ciudad para implementar el sistema de reconocimiento facial en el marco de la búsqueda de prófugos se habría utilizado para migrar datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000; mientras que entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde esa cartera superaron las 9 millones.
Por otra parte, Gallardo le dio al Gobierno porteño un plazo de 48 horas hábiles (vence en las primeras dos horas laborales del miércoles) para que explique cómo se utilizaron los datos biométricos del presidente Alberto Fernández y de otras 60 personas que fueron migrados desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) hacia reparticiones que dependen de la cartera a su cargo.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta aún no respondió ese requerimiento, pero sí anunció que este martes el jefe de Gabinete de CABA, Felipe Miguel; el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, brindarán detalles sobre el accionar de la CABA respecto a la resolución de Gallardo y la suspensión del reconocimiento facial en una conferencia de prensa prevista para este martes.
El Gobierno porteño, además, presentó este lunes una nueva recusación con la intención de apartar a Gallardo de la causa porque atribuye al magistrado una supuesta «pérdida de imparcialidad».
«El doctor Roberto Andrés Gallardo ha demostrado una evidente falta de imparcialidad, además del desatino con que condujo el actual proceso, que lleva a mi mandante a rechazar su artero accionar y requerir su apartamiento de la causa», sostuvo en su presentación Diego Farjat, apoderado del Gobierno de la Ciudad quien además afirmó que el juez «ha excedido notoriamente sus facultades».
«Si bien resulta sumamente complejo delimitar cuál es la política pública en materia de seguridad que mejor concilie el derecho a la recibir una adecuada protección por parte de las autoridades con los derechos que la actora dice conculcados, no puede soslayarse que han sido las autoridades competentes, especialmente calificadas para examinar dicha cuestión, quienes determinaron la implementación del sistema de reconocimiento facial de prófugos», remarcaron desde la Ciudad en su presentación.
«Lo cierto es que el ámbito judicial no es el propicio para debatir este tipo de cuestiones, dado que el Poder Judicial carece del conocimiento técnico y de los recursos humanos necesarios para analizar y determinar cuáles serían las políticas de seguridad más convenientes para la defensa de la ciudadanía», afirmaron.
Mientras la Justicia aguarda por saber cómo se manejó y resguardó la información migrada desde el Renaper a la Ciudad de Buenos Aires, el diario Página/12 informó el último fin de semana que la empresa Danaide S.A es la que tiene a su cargo «la estructura de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires y provee el software para sus cerca de 15.000 cámaras».
«Danaide S.A. tiene dos accionistas visibles: Hernán Carzalo y Juan Agustín Carzalo. El último balance accesible ante la Inspección General de Justicia es el de 2019, donde declaraban ganancias por 517.646.407 pesos con la curiosidad de que no se distribuyen entre los accionistas, sino que pasan a una cuenta de ‘resultados no asignados’. El capital social es de apenas 12.000 pesos y tenía para la fecha en cuestión un patrimonio neto de 182.937.818 pesos», informó el matutino porteño.
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