La Unidad Fiscal Federal para causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado de La Plata pidió este lunes la pena de prisión perpetua para los represores Miguel Etchecolatz y Julio César Garachico por los secuestros y torturas sufridas por siete personas en el excentro clandestino de Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López y el estudiante secuestrado en el episodio conocido como La Noche de los Lápices, Francisco López Muntaner; y el asesinato de dos de esos secuestrados.
Así lo requirió este lunes el fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira al alegar en el juicio que desde el 30 de agosto de 2021 sigue el Tribunal Oral Federal (TOF) n° 1 de La Plata, integrado por Andrés Fabián Basso, José Michelini y Alejandro Esmoris, para determinar la responsabilidad de Etchecolatz y el exjefe de calle de la Unidad Regional La Plata, Julio César Garachico, por los delitos que tuvieron como víctimas en 1976 al dos veces desaparecido Jorge Julio López y a seis de sus compañeros y compañeras de militancia de una unidad básica del barrio de Los Hornos.
«Está absolutamente acreditada la participación de (Miguel) Etchecolatz en los delitos investigados. Su participación es omnicomprensiva, omnipresente sobre cada acontecimiento del circuito Camps. No fue sólo ‘el hombre atrás del escritorio’, de ideación y transmisión de órdenes, sino que participó en todos los escenarios: atrás, en el medio, adelante», aseveró Nogueira.
«Decimos con orgullo militante que vamos a volver a acusar a Miguel Etchecolatz. Vamos a solicitar la prisión perpetua, que se sumará a su currículum genocida»
Para el fiscal, Etchecolatz fue un participante «activo en el aparato represivo, tuvo iniciativa propia, participó en numerosos procedimientos» y consideró que «el circuito represivo Camps debería llamarse circuito represivo Camps y Etchecolatz haciendo honor a la verdad histórica».
«A Garachico, en carácter de oficial principal jefe del servicio externo, se le imputa formar parte del aparato represivo. Aplicó tormentos a Patricia Dell Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López y de los homicidios calificados de Dell Orto, de Marco y Rodas», agregó.
En relación a Garachico, el representante del Ministerio Público subrayó que «estaba plenamente involucrado en el mecanismo de represión ilegal».
«Los hechos aquí juzgados pueden ser vistos como parte del plan de exterminio contra población y del plan sistemático contra la población civil y, en este sentido, se subsumen en crímenes contra derechos de gente. Son actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad», profundizó el fiscal.
Y destacó que la persecución de un grupo nacional se tradujo en «actos genocidas que buscaban disciplinar a la sociedad para reorganizarla».
«Fue un genocidio reorganizado y graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil. Toda la sociedad se vio amenazada».
Nogueira expresó que «en función de los delitos y agravantes las penas no dejan margen más que para penas perpetuas», determinó.
En el caso de Etchecolatz, el fiscal reclamó la aplicación de la pena de «prisión perpetua como coautor mediato a través del uso del aparato de poder por los homicidios calificados por alevosía en concurso de dos o más personas en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez, y la privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia en dos oportunidades, con el agravante de ser perseguidos políticos en perjuicio de Rodas y Sánchez, en concurso real con los delitos contra el derecho de gentes, crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad».
Para Garachico, en tanto, demandó «la pena de prisión perpetua como coautor por dominio funcional del homicidio calificado por alevosía y en concurso de dos o más personas en perjuicio de Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco y Norberto Rodas, y la privación ilegítima de la libertad en abuso de funciones, agravada por violencia y amenazas en siete oportunidades».
Nogueira también pidió que al momento de dictar sentencia se ordene «la exploración de la zona donde funcionó la estancia La Armonía y hoy funciona el Regimiento 7», con el objetivo de que se indague la posibilidad de la existencia de fosas comunes de cadáveres en dicho predio.
«Fue un genocidio reorganizado y graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil. Toda la sociedad se vio amenazada»
«También pedimos se remita al Colegio de Bellas Artes, donde estudiaron Patricia Dell Orto y Francisco López Muntaner, copia de esta sentencia; que se coloque en la zona de la unidad básica (donde militaban las víctimas) una placa o monumento donde conste que su instalación obedece a la reparación de este Tribunal», añadió Nogueira.
El juicio continuará el próximo 25 de abril cuando llegará el turno de los alegatos de la defensa de los imputados.
Los alegatos comenzaron el 14 de febrero último, con los de la Unión por los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, en los que coincidieron en reclamar perpetua para los dos represores.
La abogada Guadalupe Godoy, en representación de la Unión por los DDHH, realizó un alegato particularmente emotivo, en el que destacó el tiempo que se tardó en iniciar este juicio y nombró a sobrevivientes que ya han fallecido pero cuyo testimonio fue valioso para identificar a los represores: Adriana Calvo, Cristina Gioglio y Nilda Eloy.
Luego, cuando Godoy nombró a Jorge Julio López, un silencio tenso recorrió la sala del Tribunal.
El albañil, quien fue dos veces desaparecido, la última de ellas el 16 de septiembre de 2006, fue secuestrado y torturado en el Pozo de Arana, y las torturas que recibió allí forman parte de los delitos que se juzgan en este proceso oral.
En su intervención, la abogada remarcó que la persecución a los trabajadores por parte de la última dictadura cívico militar ocasionó «algo que suele pasar en las guerras y es la extensión del daño» ya que, enumeró, «los barrios ya no volvieron a ser lo que eran», «la militancia pasó a ser una mala palabra» y «las redes sociales se desintegraron».
Ese daño «se agravó por la impunidad posterior e implicó cosechar más impunidad buscando Justicia», añadió.
El 14 de marzo también presentaron su alegato los querellantes del colectivo Justicia Ya, desde donde solicitaron similar pena para los imputados.
«Decimos con orgullo militante que vamos a volver a acusar a Miguel Etchecolatz. Vamos a solicitar la prisión perpetua, que se sumará a su currículum genocida», dijo entonces la abogada Pía Garralda, de Justicia Ya.
La letrada lamentó la fragmentación de causas de lesa humanidad en lo que denominó «la administración de Justicia a cuentagotas», un proceso que, cuestionó, «es una nueva forma de impunidad».
Garralda, para completar sus críticas, graficó que hasta junio de 2021 estaban siendo juzgados 1030 genocidas «pero si tenemos en cuenta que en el país funcionaron 700 centros clandestinos de detención, nos daría un promedio casi de dos genocidas por centro y es ilógico pensar que un centro funcionó con dos personas», repasó.
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