La jueza de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, ordenó este lunes un allanamiento a la sede central del gremio de Camioneros para buscar documentación sobre presuntos pagos ilegales por parte de la empresa Rey, de San Pedro, que sufrió un bloqueo en sus accesos por parte de dos dirigentes locales que reclamaban cuotas sindicales adeudadas.
El procedimiento fue efectuado en la causa en que la jueza y la fiscal María del Valle Viviani detuvieron al concejal del Frente de Todos de San Nicolás y líder de Camioneros en la región, Maximilano Cabaleyro y al referente local, Fernando Espíndola. Ambos permanecen detenidos luego de que la Cámara de Apelaciones confirmó las calificaciones de extorsión, turbación de la posesión y coacción.
Según dijo el abogado del sindicato de los Moyano, Daniel Llermanos, el allanamiento tuvo como objetivo determinar si el dinero que habían percibido Cabaleyro y Espíndola había sido efectivamente ingresado a la contabilidad del gremio. Ambos detenidos encabezaron una protesta contra la empresa de San Pedro que la jueza calificó como “turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción”.
La empresa de San Pedro que fue bloqueada es una distribuidora de productos alimenticios, que pertenece a Ricardo Rey y cuenta con unos 35 empleados. El conflicto se originó cuando el sindicato le exigió pasar a esos empleados al convenio 40/89 y los gremialistas supuestamente les reclamaron dinero.
El empresario hizo algunos pagos, pero luego la compañía sancionó a un delegado gremial y se agravó el conflicto. Los empresarios dejaron de pagar e hicieron una denuncia por extorsión que ahora desembocó en estas detenciones. (DIB)
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